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VISIÓN DEL TFJA
Ser un Tribunal accesible, moderno y de avanzada, referente nacional e internacional en impartición de justicia administrativa federal, reconocido y legitimado por un ejercicio pleno y responsable de su autonomía jurisdiccional, por la tramitación de procedimientos garantistas, sencillos y ágiles y por la emisión de resoluciones acordes con los principios, las normas jurídicas y los parámetros que protegen los derechos humanos de las personas y salvaguarda de las instituciones democráticas.
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2026
Boletín de Prensa: 011/2026
SANCIONA TJFA CON INHABILITACIÓN DE 10 AÑOS E INDEMNIZACIONES POR MÁS DE 331 MDP A EXFUNCIONARIOS DE OAXACA E INFONAVIT
Versión para imprimir- La falta de reintegro de recursos federales del Ramo 23 y la omisión de supervisión a un contrato de prestación de servicios de procesamiento y administración documental, las causas.
La Primera Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió dos sentencias que resuelven procedimientos de responsabilidad administrativa por conductas irregulares atribuidas a exservidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
En ambos casos se determinó imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como el pago de indemnizaciones pecuniarias que en conjunto ascienden a un total de 331 millones 039 mil 678.94 pesos, derivadas de omisiones graves en la administración de recursos y la supervisión de servicios contratados.
Se acreditó la conducta de abuso de funciones atribuida al ex-Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y al ex-Coordinador de Control Financiero de la misma dependencia en 2017. Ambos servidores públicos omitieron administrar debidamente recursos públicos federales del Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas, Proyectos de Desarrollo Regional) correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, y que implicaba el reintegro a la Tesorería de la Federación de 228 millones 669 mil 296.87 pesos en los plazos de devolución establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Por esta conducta, el Tribunal impuso a ambos exservidores públicos una inhabilitación de 10 años y la indemnización equivalente a la cantidad no reintegrada.
OMISIÓN DE SUPERVISIÓN
La Primera Sala Auxiliar resolvió también sancionar al ex-Gerente de Control y Seguimiento del INFONAVIT, quien fungió como responsable directo de la supervisión y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, en enero de 2018.
El ex servidor público omitió supervisar la ejecución y recepción de los servicios, así como evaluar y validar los mismos conforme a las Políticas Aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios de dicho Instituto. Por esta omisión el INFONAVIT pagó a la empresa 102 millones 370 mil 382.07 pesos, sin contar con la documentación comprobatoria.
Los servicios contratados consistían en el procesamiento y administración integral de archivos y documentos (recepción, inventariado, validación de bases de datos, guarda, custodia y digitalización).
Se determinó una inhabilitación de 10 años para el servicio público y una indemnización equivalente a la cantidad pagada por el INFONAVIT.
INEXISTENCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
Por otra parte, la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inexistencia de faltas administrativas graves por parte de un ex servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al comprobarse que no omitió información en sus declaraciones patrimoniales.
El enero de 2026, la Primera Sala Auxiliar determinó no sancionar al ex servidor público señalado por la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) de omitir información en sus declaraciones patrimoniales de 2019 a 2022. Dicha resolución fue apelada. La Tercera Sección determinó que los conceptos de apelación resultaron inoperantes e infundados, ya que la autoridad buscó aplicar el concepto de preclusión no contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
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IMPORTANTE: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional de control de legalidad, es decir, sus resoluciones son de primera instancia, por lo que actores demandantes y autoridades involucradas tienen la posibilidad jurídica de contravenir los fallos administrativos ante instancias de carácter judicial. Es por ello que también se reservan algunos datos considerados como protegidos en materia de transparencia.
