Uno de los temas discutidos en el XXVIII Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados celebrado en 2023, fue el de los mecanismos alternativos de solución de controversias. En aquel momento nos encontrábamos en el contexto de una legítima expectativa para hacer realidad un sistema de impartición de justicia alternativa, más abierta; hablamos de un sistema paralelo a la vía jurisdiccional, pero encaminado también al legítimo propósito de que los conflictos fueran resueltos conforme a derecho en beneficio de las personas y de las autoridades administrativas.

Las enriquecedoras aportaciones formuladas durante las mesas de trabajo dieron paso a valiosas conclusiones que comenzaron a delinear lo que, desde la perspectiva de quienes integramos este órgano jurisdiccional, debe contener el sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa.

Tiempo después, gratamente podemos validar nuestro entendimiento y enfoque, dado que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024, es ya una realidad y ahí se recogen, principalmente en su capítulo octavo, múltiples de las visiones que logramos concluir como indispensables. El contenido de la ley, por supuesto, debe llenarnos de orgullo, en la medida en la que nuestro Tribunal está ahí considerado como un pilar del sistema, lo cual nos impone a la vez un altísimo compromiso con la sociedad mexicana, el cual consiste en que, como institución, nos corresponde materializar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia administrativa como una verdadera manifestación de justicia.

Pero ¿qué nos toca en lo individual como titulares de Magistratura? Para tratar de responder a dicha interrogante, en el presente XXIX Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados, se nos plantearon dos temas para reflexionar y proponer lo conducente sobre los alcances de nuestro papel en el sistema de mecanismos alternativos. Destaco que se trata de temas que ya no parten de una expectativa, sino de la realidad consolidada en el mandato legal de la ley general mencionada. Previo a exponer las conclusiones alcanzadas, quiero dar un especial agradecimiento a las Magistradas Camorlinga Sosa, Lecuona González, y a los Magistrados Osuna Sánchez y Vázquez Robles, quienes de forma amena, cálida y cordial, condujeron la discusión durante las mesas de trabajo.